Las denuncias entre funcionarios han sido comunes en Baja California en la última década, en especial entre exalcaldes.

Solo del trienio 2010-2013, los presidentes de los cinco Ayuntamientos, todos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron acusados por sus sucesores ante la entonces Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).